ICED | Instituto Caribeño para el Estado de Derecho

El Observatorio de Acceso a la Justicia América Latina y Caribe es un espacio integrado por organizaciones de la sociedad civil de la región que se propone vigilar y monitorear el efectivo acceso a la justicia, con el objetivo de fortalecer una real protección de las personas en el cumplimiento de sus derechos.

Mediante la recolección y sistematización de las contribuciones de sus integrantes, el Observatorio pretende acumular dicha información para crear una visión real acerca del cumplimiento de acuerdos internacionales y políticas públicas relacionadas al sistema de justicia y la protección de derechos de las personas.

En un inicio, el Observatorio toma como punto de partida las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (2008), a modo de garantías mínimas comunes a todos los sectores, y en base a dichas Reglas se iniciará el monitoreo del acceso a justicia.

El Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED) es una de las organizaciones que conforman el mismo.

AMNISTIA INTERNACIONAL / CNDH / ICED / PARTICIPACION CIUDADANA

COMUNICADO DE PRENSA

Jueves 01 de Marzo de 2012

República Dominicana: Candidatos presidenciales deben priorizar reforma policial

Los candidatos presidenciales en la República Dominicana deben abordar, en sus plataformas de campaña, la urgente necesidad de reformar la policía, dijeron cuatro organizaciones sociales y de derechos humanos en el Día Nacional de la Policía.

Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, Funceji, Lucha por tus Derechos, y Participación Ciudadana han hoy unido sus voces para incentivar a los candidatos presidenciales a buscar soluciones para la crisis de seguridad pública en el país que favorezcan el respeto de los derechos humanos.

“Los índices de asesinatos policiales y las alegaciones de tortura en la República Dominicana son tan alarmantes que merecen un espacio privilegiado en la agenda de campaña,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre el Caribe de Amnistía Internacional.

“El día de la policía es una gran oportunidad para que los candidatos presidenciales comiencen a hacer una reflexión sobre el papel de la policía ante la situación de inseguridad pública en el país y desarrollen propuestas concretas para reformar la policía,” dijo Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional también hizo un llamado a las autoridades dominicanas a adoptar una ley orgánica que facilite el fin de los abusos policiales, el acceso por parte de las victimas de abusos a la justicia y que permita un control eficaz de las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones insistieron en que cualquier reforma de la policía dominicana debe tener lugar con la participación de la sociedad civil.

“Cuando estos agentes, quienes actúan en el ejercicio de sus funciones, dan muerte a un ciudadano y no son debidamente castigados si se comprueba que han actuado abusando de su poder, lo que estamos diciendo como Estado es que no nos importa el hecho de que se violen los derechos humanos, cuando se tiene precisamente la obligación de garantizar la convivencia pacífica, y de responderle en estos casos a las víctimas”, señaló Orlidy Inoa, Directora Ejecutiva del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho.

Por su lado, Participación Ciudadana manifestó que: “La cantidad de ciudadanos muertos a manos de la policía no solo llena de intranquilidad a la familia dominicana sino que es un signo escandaloso, negador del estado de derecho que debe garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Las futuras autoridades del país deben comprometerse con la paz y el desarrollo poniendo fin a tan negativa practica ya impuesta en nuestro país”.

“Nos preocupa que a pesar de numerosas denuncias a nivel nacional e internacional la situación de apresamientos ilegales a través de redadas policiales, la tortura, las agresiones físicas y verbales y las ejecuciones extrajudiciales, continúen con más fuerza en la actual jefatura policial y con más vigor en estos dos meses que van del 2012″, dijo el doctor Manuel María Mercedes Medina de la CNDH.

“Las prácticas policiales abusivas, la corrupción difundida, la debilidad de los controles internos y externos son elementos interconectados que limitan enormemente la capacidad de la policía nacional de cumplir con su papel de protección a la ciudadanía en la República Dominicana”, sigue señalando Amnistía Internacional.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos, además, mañana viernes 2 harán entrega en el Palacio Presidencial de cientos de firmas provenientes de numerosos países que piden al Presidente Fernández que su gobierno tome todas las medidas necesarias para elaborar e implementar una reforma efectiva de la policía.

Según la Procuraduría General de la República Dominicana, durante 2011, la policía mató a 289 personas, frente a 260 el año anterior.

De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los primeros 45 días de 2012, entre 25 y 30 personas murieron en los denominados “intercambios de disparos” con la policía.

Más de una décima parte de los todos los homicidios registrados en el país en 2011 fueron cometidos por la policía.

La gran mayoría de los casos no son adecuadamente investigados y los responsables de los asesinatos, no enfrentan la justicia.

El pasado 14 de enero, Lucy Villa Faña Cedeño, de 25 años y madre de dos niños, murió tras recibir una serie de disparos por parte de la policía en La Romana.

Según la policía nacional, Lucy recibió los disparos en medio de un altercado armado entre agentes de seguridad y otros individuos. Pero de acuerdo a una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, testigos desmintieron que el hombre que enfrentaba a la policía estuviese armado.

El 18 de enero la policía informó que el teniente involucrado en aquel incidente había sido suspendido y enviado a la justicia. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que el policía ya ha sido puesto en libertad bajo fianza.

El abogado de Lucy depositó una querella pero no tiene indicaciones de que la Procuraduría esté efectivamente investigando.

Para más información, favor de comunicarse con:

Amnistía Internacional: Josefina Salomón, +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org
ICED: Orlidy Inoa, Directora Ejecutiva, 829-928-4477
Participación Ciudadana: José Ceballos, 809-685-6200
CNDH: Manuel María Mercedes Medina, 809-980-0343 cndhrd@hotmail.com

FIN/

El Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, junto a Amnistía Internacional, Sección Paraguay, han unido esfuerzos para iniciar una petición pública dirigida al Presidente Leonel Fernández Reyna a los fines de que se enfrenten los abusos y atropellos policiales.

Esta iniciativa, junto a carta pública que le fuera entregada al Pte. Fernández en Asunción, Paraguay, la cual copiamos al final, surgió a raíz de la presentación del informe de Amnistía “Cállate si no quieres que te matemos“, el cual hace acopio de varias experiencias de víctimas de abusos policiales en el país.

Se le solicita al Pte. Fernández hacer frente de inmediato a las personas interesadas en mantener el sistema actual, en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos omnipresentes, además de hacerse otras recomendaciones.

En la página al margen derecho pueden ver el link de la campaña para que coloquen sus firmas apoyando la misma, las cuales serán oportunamente entregadas.

Texto de la Carta:

Asunción y Santo Domingo, 28 de octubre de 2011

Excelentísimo Señor

Doctor Leonel Fernández Reyna

Presidente Constitucional de la República Dominicana

Su Excelencia:

La Sección Paraguaya de Amnistía Internacional, con sede en Asunción del Paraguay, y el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), con sede en Santo Domingo – República Dominicana, llamamos su atención acerca del informe titulado “Cállate si no quieres que te matemos”: Violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana1, por el cual se documentan decenas de casos de homicidio, tortura y malos tratos a manos de la Policía Nacional dominicana, recopilados durante tres visitas de investigación que Amnistía Internacional realizó al país. Entre 2005 y 2010, la Policía Nacional ha sido la responsable de una media del 15 por ciento de las muertes violentas de las que cada año se tuvo noticia en República Dominicana. Este porcentaje es alarmante y apunta con gran preocupación al uso desproporcionado de la fuerza que hace la Policía Nacional con frecuencia y que tiene consecuencias letales.

Reconocemos que los agentes de Policía Nacional suelen enfrentarse a graves peligros en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, creemos que de hecho su conducta fomenta la violencia y crea un clima en el que se ignoran por completo los derechos humanos. Según datos de la Procuraduría General de la República, entre enero y julio de 2011, la Policía Nacional acabó con la vida de 154 personas en República Dominicana, frente a 125 en el mismo periodo de 2010. Las estadísticas de la Procuraduría General muestran que el 10 por ciento de todos los homicidios registrados en 2010 fueron cometidos por la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha presentado la mayoría de estos homicidios como muertes debidas a “intercambio de disparos” entre la Policía Nacional y los presuntos delincuentes, pero los tribunales han determinado que algunos de ellos han sido ilegítimos, al tiempo que existen fuertes indicios de que otras muertes han sido resultado del uso excesivo de fuerza letal. Muchos agentes de la Policía Nacional siguen recurriendo a la tortura y otros malos tratos cuando interrogan a presuntos delincuentes. Amnistía Internacional también ha descubierto que se ha amenazado de muerte, golpeado y negado alimentos, agua y medicamentos básicos a presuntos delincuentes mientras estaban bajo custodia.

A algunos les han puesto bolsas de plástico en la cabeza y los han colgado por las esposas a barras o clavos. Se teme que al menos dos personas vistas por última vez bajo custodia policial hayan sido víctimas de desaparición forzada.

Además, la Policía Nacional ha practicado detenciones colectivas arbitrarias, sobre todo en redadas efectuadas en comunidades de bajos ingresos con índices elevados de delincuencia. La mayoría de las detenciones colectivas se han llevado a cabo de noche en lo que la Policía Nacional describe como “operativos de prevención”. En muchos casos, las personas detenidas han quedado en libertad sin cargo tras sobornar a la Policía Nacional. A esto se suma que Amnistía Internacional ha tenido noticia de dos casos de posible desaparición forzada. Las familias sospechan que sus seres queridos han muerto bajo custodia policial a consecuencia de la tortura.

Los anteriores son solo algunos ejemplos de las violaciones de derechos humanos constatadas por Amnistía Internacional. Cómo lo demuestra nuestro informe, la Policía Nacional dominicana ha cometido y comete violaciones graves de derechos humanos y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia. El control es inadecuado y las reformas han estado viciadas, por lo que no se ha puesto fin a estos abusos. Asimismo, los indicios señalan que, en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad en República Dominicana.

Consideramos que la falta de voluntad política es una de las principales causas por la que no se emprenden reformas eficaces y no se garantiza la función policial efectiva que precisa la población dominicana. Ni la Policía Nacional ni la mayoría de los cargos pertinentes del Estado han reconocido la envergadura del problema que suponen las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional. Afirman que los abusos y las violaciones de derechos son obra de unos pocos agentes corruptos o poco profesionales y que éstos son destituidos y llevados ante la justicia de inmediato.

En República Dominicana, el sistema de investigación de abusos policiales es desorganizado y carece de los procedimientos adecuados para tramitar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional. Que un agente de Policía Nacional comparezca ante la justicia depende en gran medida de si la víctima o su familia presenta una denuncia oficial, del grado de publicidad que atraiga el caso y de la presión política que se ejerza sobre los fiscales. Preocupante es también que la legislación dominicana sólo reconoce la responsabilidad personal de miembros de la Policía Nacional por acciones ilegítimas perpetradas durante el desempeño de sus funciones. No se reconoce, ni en la ley ni en la práctica, la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de Policía Nacional durante el desempeño de sus funciones o al ejercer la autoridad que se les ha otorgado en virtud de su puesto.

El Gobierno que Su Excelencia preside debe hacer frente de inmediato a las personas interesadas en mantener el sistema actual, en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes.

Particularmente, solicitamos que Su Excelencia lidere el proceso de reforma de la Policía Nacional, comprometiéndose urgentemente a:1. Aplicar de inmediato medidas destinadas a reducir los homicidios policiales y erradicar la tortura, los malos tratos y otras prácticas abusivas; 2. Garantizar que se investigan de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional;3. Proteger a víctimas y testigos y garantizar plena reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos;4. Concebir e implementar una reforma efectiva de la Policía Nacional basada en los derechos humanos;5. Mejorar el sistema externo de rendición de cuentas de la Policía Nacional; y, 6. Ratificar y aplicar tratados internacionales de derechos humanos.

Gracias por su atención en estos asuntos. En nombre de la Sección Paraguaya de Amnistía Internacional y del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho,

Fabián Forestieri-Presidente Amnistía Internacional Paraguay

Nassef Perdomo-Vicepresidente Instituto Caribeño para el Estado de Derecho

El ICED, gracias al apoyo de la Red Internacional de Acción contra las armas pequeñas y ligeras (IANSA), estará realizando, durante la Semana de Acción Mundial contra la Violencia Armada, del 13 al 17 de junio, una serie de entrevistas a víctimas de violencia de género en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia del Distrito Nacional.

El objetivo de esta investigación es poder medir el impacto que tienen las armas de fuego en la violencia de género. Para esto se ha diseñado un instrumento de recolección de datos.

Luego de haber sistematizado los datos y elaborado el informe, el mismo será enviado a los medios de comunicación para su difusión.

Con ello, perseguimos la promoción de políticas públicas de prevención de la violencia armada, sobre todo desde la perspectiva de género.

El propósito del estudio fue propiciar el conocimiento ciudadano de las fortalezas y debilidades de los procesos internos de carrera, evaluación de desempeño y disciplinarios en el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuyo diagnóstico se refiere al período comprendido desde el año 1997 a marzo de 2010.

El mismo fue realizado en el marco del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, que coordina FINJUS, por la Investigadora del ICED Josefina Hernández.

En la actividad donde se presentó el estudio, el Dr. Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, destacó la importancia del diagnóstico y manifestó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a una mayor transparencia, eficiencia y calidad del servicio de justicia. Lo mismo señaló la Magistrada Gisela Cueto, Procuradora General Adjunta del Procurador General, quien asistió en su representación.

El Foro Seguridad Ciudadana y Violencia Armada: Retos Institucionales para la República Dominicana, concluyó con éxito este viernes 25 de abril.

Durante dos días, expertos locales e internacionales estuvieron debatiendo sobre el Anteproyecto de Ley de control de armas que se está conociendo en el Congreso, así como sobre el impacto de la violencia armada en la sociedad y su vínculo con el desarrollo.

La actividad fue coordinada por la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituo Caribeño para el Estado de Derecho y el Centro de Seguridad y Defensa de Funglode.

Uno de los acuerdos a los que se arribó durante la celebración del Seminario, fue la conformación de una Comisión Interinstitucional para dar apoyo a las labores de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, a la que pertenecerán organizaciones de la sociedad civil.

Dentro de los expertos participantes se encuentran: Darío Kosovski (Argentina), Martín Appiolazza (Argentina), Ana Yancy Espinoza (Costa Rica), Jorge Gaviria (Colombia), y de República Dominicana: Orlidy Inoa, Michel Camacho, Daniel Pou, Josefina Reynoso, Servio Tulio Castaños, así como representantes de las instituciones de gobierno vinculadas a la seguridad.

El ICED, junto a otras organizaciones de Latinoamérica, estará participando del 21 al 23 de marzo, en San José, Costa Rica, de la VI Asamblea General Anual de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada-CLAVE.

Este encuentro, el cual se realiza todos los años, permite definir las líneas estratégicas de acción de la red para el año en curso.

En esta ocasión, también se discutirá un Proyecto de Ley Marco sobre Seguridad Privada, elaborado por organizaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay, con el interés, una vez discutido por los meimbros, de que se convierta en marco modelo para impulsar procesos de armonización legislativa en la materia a nivel regional.

Otro de los temas de trabajo, será el que tiene que ver con la definición de las acciones de incidencia a programar de cara a la Reunión Preparatoria, a llevarse a cabo en julio 2011, sobre la aprobación de un Tratado de Comercio Mundial de Armas, en NU.

El Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), junto a la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabaja en un programa de discusión y aprobación del Anteproyecto de Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones.

En ese marco, se han desarrollado una serie de actividades de sensibilización, incluyendo un taller-debate con el experto internacional Juan José Lima, del CEJIP, Bolivia.

En el mes de marzo, estaremos desarrollando un Seminario Internacional sobre Control de Armas con la participación de otros expertos locales e internacionales.